La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio a conocer el estudio “Recomendaciones para una política nacional de electromovilidad en México”, en el que expuso los retos y las oportunidades que enfrenta el país en la transición hacia una movilidad de cero emisiones, a través de vehículos electrificados. Dicho estudio fue comisionado a la consultora internacional Frost & Sullivan, lo que permite contar con una visión experta y objetiva sobre la materia.
El estudio -resultado de un trabajo de dos años por parte de la firma- hizo un análisis sobre el panorama actual y futuro en la transición a la electromovilidad, al compartir un escenario eficiente y ágil para esta transición, considerando las mejores prácticas internacionales como referencia. De igual forma esbozaron los elementos clave para la formulación de una política pública integral y de largo plazo que considere una visión multitecnológica, es decir, de vehículos híbridos eléctricos, híbridos eléctricos conectables, 100% de batería eléctrica y de celda de hidrógeno.
El estudio resalta la relevancia que la electromovilidad tiene en el cumplimiento de compromisos internacionales, tales como el Acuerdo de París, y de las propias empresas automotrices globales que operan en territorio nacional, que han asumido hacia 2050.
A su vez, mencionaron que existen ventajas competitivas que posicionan a México en una situación inmejorable y con un alto potencial para la producción de vehículos electrificados, de la mano de una transformación a tecnologías de energías limpias.
José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA, enfatizó que, “conscientes del importante proceso de transformación a nivel global de la industria automotriz, el estudio comisionado consistió en un análisis del mercado, así como de la manufactura de este tipo de vehículos, una revisión del estado actual de infraestructura de carga, las necesidades de los clientes actuales y potenciales, así como un comparativo internacional de buenas prácticas”, y agregó que, “con base en estos análisis, se llegó a la serie de recomendaciones plasmadas en el estudio, y a los análisis del impacto que éstas tendrían para asegurar que México sea un jugador internacional en esta nueva etapa de la industria”.
De acuerdo con el estudio, destaca que México debe contar con una política nacional para la transición ordenada hacia la electromovilidad, que conlleve una estrategia conjunta entre gobierno e industria que contemple los siguientes tres objetivos primordiales: incentivos a la producción y al consumo, el desarrollo de infraestructura de carga a nivel nacional y la disponibilidad de energías limpias suficientes y asequibles.
Asimismo, señaló que la magnitud de los cambios requeridos para la rápida transformación de la industria requiere del impulso de una estrategia conjunta entre gobierno (federal, estatal y local), la academia y el sector automotriz que aborde tres ejes: la operación de la manufactura, la adopción del mercado de vehículos híbridos y eléctricos y la ampliación de la infraestructura de la red de carga.
Con esta política, no solo se posicionaría México como un jugador líder a nivel global en manufactura de vehículos electrificados y como hub de manufactura y proveedor confiable de una cadena sólida de suministro dentro de América del Norte, sino también, continuaría reduciendo las emisiones GEI y contribuiría al objetivo de descarbonización.
De acuerdo con el estudio, se apoyaría a la reducción de alrededor de 26.2 millones de toneladas de CO2 para 2030. Esto significaría un incremento de 66%, o 10.4 millones de toneladas de CO2 adicionales si se introdujera una política nacional.
A su vez, resaltó que hoy los consumidores están dispuestos a adoptar vehículos con tecnologías más avanzadas y que sean amigables con el medio ambiente, apoyados por incentivos que les faciliten la adquisición y uso. La adopción de la política integral de transición hacia la electromovilidad incrementaría la penetración de este tipo de vehículos hasta 39% del total de ventas de vehículos ligeros en México para 2030, a diferencia de un 19% si no hubiera política.
De igual modo, comentó sobre la necesidad de incrementar el número de estaciones de carga para lograr una mayor adopción de vehículos electrificados [híbridos eléctricos conectables (PHEV), eléctricos 100% de batería (BEV), eléctricos de celda de combustible (FCEV)]. En México existen alrededor de 1,336 estaciones de carga pública o semipública, con un total de 3,206 conectores, o sea, 2.4 conectores por estación. “Si bien es el país con la red de carga más grande de América Latina, estamos aún muy por debajo de los países que más han avanzado en el mundo”.
La AMIA enfatizó que una política integral permitirá a la industria automotriz y a las actividades económicas que se vinculan a ésta materializar la transición a la electromovilidad de forma ordenada y exitosa, en beneficio de las familias mexicanas.
Por ello, reiteró el compromiso a nivel nacional de continuar integrando tecnologías de energías limpias para transitar a la electromovilidad. Asimismo, subrayaron su disposición para colaborar con el gobierno federal y todos los actores involucrados para implementar políticas públicas integrales y con impacto en el largo plazo.
