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Para KPMG en México, la contingencia sanitaria por el Covid-19 ha generado que las empresas sean capaces de adaptarse y evolucionar ante las nuevas condiciones laborales y del mercado.
José Alberto Mejía, socio a cargo de las oficinas de Tijuana y Mexicali de KPMG en México, dijo que, ante estos cambios, las compañías deben de contemplar también los efectos contables, fiscales y legales de sus operaciones.
Ante esto, mencionó varios aspectos importantes para tener en cuenta en esta transformación. Tal es el caso en el área de contabilidad, donde las empresas necesitan definir el mejor registro para identificar con claridad las consecuencias económicas derivadas de esta pandemia.
Otro de los puntos que destacó, son los impuestos, los cuales se consideran prioridad para la debida valoración de las afectaciones fiscales y de los flujos de efectivo que se dedicarán al pago de impuestos.
El precio de transferencia es otra de las áreas que consideró fundamental ya que generalmente se aplican metodologías que incluye el uso de la información financiera de las empresas públicas, generadas en los años más recientes.
“Las afectaciones a los estudios de precios de transferencia podrán ser determinados en forma paulatina, conforme transcurra el año. Los mercados y las empresas valorarán la mejor forma de determinar los precios y contraprestaciones”, dijo.
Asimismo, afirmó que es necesario valorar las consecuencias de las negociaciones de los acuerdos anticipados en materia de precios de transferencia (APA), tanto las compañías como las autoridades fiscales podrían tener la necesidad de modificar sus planteamientos.
Reiteró que, las autoridades fiscales, en el caso de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, es un punto que debe valorarse, ya que podrían adoptar criterios para frenar el flujo de deducciones de sus contribuyentes nacionales, provenientes de la facturación de sus partes relacionadas de otros países.
“Una empresa en México que decida facturar todos sus costos más un margen de utilidad, podrían implicar que el fisco de ese país resienta la merma en la recaudación de impuestos directos. E incluso, existe la posibilidad de que algunos países no emitan medidas al respecto y sean los contribuyentes quienes deban establecer criterios”, aseguró.
En cuanto al área legal, puntualizó que cada modificación a los precios y contraprestaciones entre empresas, deberían tener una valoración y sustento legal y contractual, por lo que sería necesario el análisis de los contratos vigentes, cláusulas particulares por caso de fuerza mayor y otras que pudieran generar alguna afectación, y realizar de manera oportuna los cambios a los contratos que establecen las bases y condiciones de negocios.
“Entre más pronto se reconozcan los efectos y se otorgue el debido tratamiento, será más factible que los negocios mantengan la confianza de sus inversionistas, socios comerciales, autoridades fiscales y, sobre todo, de sus clientes”, concluyó.
