Es necesario que las empresas se pongan a analizar y prevenir factores para lograr un entorno laboral saludable tal como lo determina la Norma Oficial Mexicana número 35 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), pues a decir de los expertos, es una estrategia que no puede esperar en materia de Reforma Laboral.
Al respecto Gerardo Valencia, director de la Práctica Laboral en Cuesta Campos Bajío, dio a conocer que de acuerdo a las instituciones de Gobierno estatal y la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, la implementación de esta nueva norma a avanzado más rápido, pues se contempla que en el 2020 se cuente con los tribunales dedicados a ello además de los centros de conciliación correspondientes.
“Las empresas se han sometido constantemente a diversas capacitaciones en este sentido, hemos tenido contacto con sindicatos y tienen buena respuesta tanto de sus agremiados como de los directivos para someterse a esta nueva reglamentación”, aseveró.
Detalló que en lo que queda del año y durante el 2020 las empresas deberán invertir en el cumplimiento a la norma 35, además de hablar con sus trabajadores sobre conceptos como estrés laboral, depresión laboral, tensión laboral, presentismo y tomar medidas por daños psicosociales, implementar políticas que erradiquen la discriminación, así como modificar sus contratos de trabajo.
“A través de los sindicatos tendrán un año para cambiar los estatutos de su articulado para que puedan agremiar nuevos empleados con diferentes modalidades y cumplir con los requisitos de la ley”, reiteró.
Añadió que la mayoría de las empresas han estado en contacto con los despachos para saber en qué condiciones se encuentran y qué procedimientos deben seguir para cumplir con esta nueva normatividad, sobre todo las que tienen capital extranjero.
“Aunque las empresas mexicanas han sido más reacias en aceptar esto y transformarse, han tenido buen comportamiento y han externado la serie de dudas surgidas como parte de la NOM 35, esto nos hace pensar que están interesados en entender en qué consiste y cómo aplicarla en sus espacios laborales”, explicó.
Refirió que algunos de los cambios son inmediatos, por ejemplo, el protocolo para empresas que tienen más de 50 empleados en aspectos psicosociales empieza a partir de octubre y posterior a esto se recurre a la implementación judicial que en primera instancia es obligación del Estado el proporcionar los medios de cumplimiento de la nueva reglamentación. En lo que corresponde al tema de los sindicatos tienen un año para modificarse y adecuarse.
“Lo que si necesitan hacer las empresas es verificar el cumplimiento de la democracia sindical para la revisión de su siguiente contrato colectivo o la firma de uno nuevo para cumplir con el protocolo que la Secretaría del Trabajo ya emitió y se pueda encontrar evidencia de una libertad sindical”, finalizó.
