Tras una lenta recuperación posterior a la pandemia, México se ha convertido ahora en un destino significativamente atractivo para la inversión de diversos países por estar ubicado potencialmente en el lugar más favorables del mundo, gracias a la relocalización.
En este entorno, y en medio de un periodo electoral, un objetivo fundamental, cita el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), debe ser fortalecer la estabilidad macroeconómica, poniendo especial atención en acciones que contribuyan a mantener la estabilidad de las finanzas públicas a través de una eficiente asignación de los recursos, pero también del fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes y de largo plazo.
El Consejo expuso que esto es necesario para la sostenibilidad fiscal, ya que hasta ahora las finanzas públicas y su estabilidad han descansado en mucho en ingresos de una sola vez y en el sólido perfil de vencimientos de la deuda pública.
“Además, se requieren múltiples acciones que contribuyan a un ambiente de negocios atractivo para la inversión, así como a condiciones propicias para darle seguridad e infraestructura propicia a las inversiones”.
En este contexto, el Consejo pide en las propuestas de campaña, ser claras, creíbles, concretas y contundentes, sobre todo, cuando el país está experimentando un entorno con niveles significativos de corrupción, impunidad e inseguridad.
“En un país con un estado de derecho débil es natural que diversos tipos de delitos se incrementen, aunque la preocupación aumenta cuando se percibe que las acciones de las autoridades y propuestas políticas para hacer frente a esta problemática no se coordinan de manera adecuada o no cuentan con recursos suficientes, lo que puede beneficiar más a grupos delictivos que a la población en general”.
De acuerdo con el World Justice Project, “Un estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base de comunidades de justicia, oportunidades, y la paz, sustentando el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales”.
Sin un combate frontal y exitoso por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, no será posible establecer un ambiente social y de negocios en el que prive la libertad y facilidad de emprender y el incentivo de invertir en busca de mayor utilidad, productividad y beneficio para la actividad productiva y la generación de empleos.
“Las empresas más grandes pueden contar con medios eficaces de protección frente a la inseguridad pública en forma de delitos, como lo hacen en otros países peligrosos, pero lo grave es que el emprendimiento y la inversión de empresas medianas y pequeñas se ven obstaculizados bajo esa situación”, subrayó el CCE.
Y agregó que es posible que el creciente número de zonas y regiones del país donde el crimen organizado impone su ley sobre el estado de derecho nacional disuada la participación aún de las empresas multinacionales más grandes. “Si ese fuese el caso, las oportunidades de la relocalización de las cadenas productivas se verían desperdiciadas en buena medida”.
Panorama en México
Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, indican que en lo que va del sexenio el número de víctimas ha ido en ascenso, información del TResearch Internacional señala que en los 64 meses del presente sexenio se acumulan más de 181,000 homicidios dolosos, cifra que supera los reportados en el mismo lapso de los cinco gobiernos anteriores.
Organismos internacionales también hacen evidente el deterioro del entorno social de México. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho WJP 2023, elaborado por el World Justice Project, México se ubicó en la posición 116, de un universo de 142 naciones, como uno de los países con mayor debilidad en materia de estado de derecho que, si bien significó la pérdida de solo un lugar respecto el reporte previo, comparado con 2019 muestra una pérdida de 17 posiciones.
México ocupó lugares significativamente bajos en siete de los ocho factores que integran este indicador, resaltando cuatro temas que hacen evidente la gravedad de la situación de nuestro país: En materia de corrupción, México se ubicó en el lugar 136; en justicia criminal en el 132; en justicia civil en el 131 y en orden y seguridad en el 133.
Asimismo, de acuerdo con el Índice de Percepción sobre la Corrupción 2023 elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en la posición 126 de un universo de 180 países, con lo que además de mantenerse en el mismo sitio por cuarto año consecutivo, es el peor país evaluado entre las naciones que conforman la OCDE.
“La facilidad con que quienes atentan contra las leyes se libran de enfrentar algún castigo, sólo estimula un entorno de inseguridad física, patrimonial y de baja productividad que inhibe innumerables intentos de lograr una mejor calidad de vida de los hogares mediante el emprendimiento”, subrayó el CCE, y agregó: “La evolución de las expectativas de crecimiento depende en buena medida de la confianza de los inversionistas y que haya suficientes incentivos para invertir”.
Ello implica políticas económicas que estimulen un ritmo de crecimiento suficiente para crear empleos de calidad que permitan la mejoría de las condiciones de vida de los mexicanos en un ambiente de seguridad y libertad de emprender.
Hasta ahora los pronósticos de crecimiento apuntan a un menor desempeño para el presente y el siguiente año (2.2% para 2024 y 1.9% para 2025). Incluso el pronóstico promedio para los siguientes diez años se ubica en 2.2 por ciento.
Hay que recordar que al inicio de la administración las autoridades anticipaban que al cierre del sexenio la economía crecería al 6%, pero las previsiones apuntan a que el crecimiento será de solo una tercera parte de lo previsto, aún con la expectativa favorable del efecto del nearshoring.
