La inversión es la principal fuente de crecimiento, el principal generador de acervo de capital y, por ende, la principal fuente de empleo formal de calidad. En algún momento se señaló que para que la economía creciera de manera sostenida por arriba del 4%, era necesario un acervo de inversión equivalente al 25% del PIB.
Sin embargo, históricamente solo en dos ocasiones se ha observado un resultado así: en 1981 cuando representó 26.1% y en 2012 cuando fue de 25.03 por ciento. El dato más reciente, 2023, ubica a la inversión en 24.9% del PIB, tras un repunte en la primera parte del año. La inversión extranjera directa, a pesar de su histórico resultado en 2023 cuando sumó poco más de 36 mil millones de dólares, solo representó 2.1% del PIB, su menor porcentaje en los últimos once años.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la inversión productiva, independientemente de su origen, privada o pública, interna o externa, es fundamental para establecer un panorama de crecimiento sostenido de largo plazo. Pero para ello es necesario un ambiente de negocios que sea lo suficientemente atractivo y seguro para los inversionistas y emprendedores.
“Ya hemos señalado que este se debe apoyar en un ambiente de reglas claras, un sólido estado de derecho, en donde prevalezca una reducida corrupción e impunidad, regulación eficiente y sobre todo niveles de seguridad suficientes”, aseguraron expertos del CCE.
El World Justice Project (WJP), organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo, lo define como “un sistema de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario, en el cual se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial”.
Panorama positivo ante el nearshoring
De acuerdo con el más reciente resultado del Índice de Estado de Derecho elaborado por el WJP, en 2023 México se situó en el lugar 116 de un universo de 142 países, lo que significó la pérdida de 24 lugares en lo que va del sexenio.
No obstante, eventos mundiales como fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2016, la política estadounidense “Make America Great Again” que a través de incentivos fiscales fomentaba el regreso de empresas ubicadas en Asia, así como los efectos de la pandemia por Covid-19, llevaron a los países a considerar el tema de relocalización o “nearshoring” como la mejor alternativa para enfrentar los problemas ocasionados por los eventos mencionados.
Reducir los costos de transporte, limitar los cortes de suministro de insumos, los menores costos de producción, pero lo más atractivo, la cercanía con el mercado más grande del mundo (Estados Unidos), pusieron a México en una situación privilegiada como uno de los países objetivo para dirigir la inversión.
“Sin duda la coyuntura ha puesto a nuestro país en una situación invaluable, una en la que en pocas ocasiones se puede acceder sin mayores esfuerzos que estar ahí.
Los beneficios que se aprecian del nearshoring por sí mismo, han contribuido a compensar significativamente la percepción sobre los efectos negativos de los factores que señalamos previamente. Esto es excepcional puesto que las empresas que intentan relocalizarse podrían estar considerando que tan solo el hecho de instalarse en el país sería mucho más rentable que enfrentar los costos de la inseguridad o la violencia, que no son temas menores”, citaron los expertos.
Posiblemente la percepción generada tan solo por los beneficios que ofrece el proceso de relocalización haya sido suficiente para que en 2023 México regresara al ranking de los 25 países más atractivos para invertir, según el índice de confianza de la inversión extranjera directa que elabora la consultoría Kearney.
Si bien esto marca un entorno favorable para el país, al mismo tiempo podría ser contraproducente, toda vez que esta percepción podría relajar el actuar de las autoridades o retardar, en un contexto de contienda electoral y un próximo nuevo gobierno, el consolidar un entorno de negocios acorde con las necesidades de un sólido estado de derecho y menor corrupción, inseguridad e impunidad.
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