La planta de amoniaco, que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) construye en la Bahía de Ohuira, municipio de Ahome, Sinaloa, registra un avance del 88% y se proyecta para iniciar operaciones en 2027. Con una inversión aproximada de 1,631 millones de dólares, la instalación producirá 2,200 toneladas diarias de amoniaco anhidro —cerca de 800,000 toneladas anuales— con el objetivo de reducir la dependencia nacional de fertilizantes importados.
Asimismo, el proyecto genera 10,000 empleos entre directos e indirectos: 3,000 trabajadores directos durante la construcción, 7,000 vinculados a proveedores, transportistas y comercios locales, y 300 empleos permanentes en operación, con prioridad para habitantes de Topolobampo y Los Mochis.
Inversión social fortalece comunidades cercanas a Topolobampo
En materia de desarrollo social, GPO ha destinado 4.2 millones de pesos a mejoras en infraestructura educativa de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo. Entre las acciones realizadas destacan la rehabilitación del CetMar #13 y la Escuela Jaime Nunó —que benefician a 1,100 estudiantes— y la donación de un camión escolar a la Secundaria Técnica #9, que permite a 150 alumnos trasladarse diariamente a clases.
En 2024, la empresa amplió su alcance con la construcción de un aula para el Telebachillerato en Ohuira y el equipamiento del kínder Juan Enrique Pestalozzi. Ese año, con una inversión superior a 6.5 millones de pesos, el programa llegó a 23,000 personas.
Capacitación laboral y nuevas inversiones para 2027
Uno de los ejes del programa ha sido la capacitación laboral femenina. En colaboración con el ICATSIN, GPO abrió cursos para 3,745 personas con énfasis en mujeres. Entre 2022 y 2023 se sumaron 2,885 beneficiarias más, y en 2024 mujeres de la región recibieron formación en soldadura y electricidad.
De cara al futuro, la empresa prevé una inversión de 1.5 millones de pesos en lo que resta de 2026 y 8 millones de pesos adicionales para 2027, recursos que se ejercerán a través de un fideicomiso con el gobierno como garante y la propia comunidad como administradora.
