Una mayor inversión, uno de los principales determinantes del crecimiento económico sostenido, impulsa la demanda agregada, amplía la capacidad productiva y eleva la productividad. En particular, la inversión en infraestructura pública fortalece el desempeño de la economía al mejorar la disponibilidad y calidad de activos estratégicos como carreteras, puertos, ferrocarriles, energía, agua y servicios básicos.
Una infraestructura adecuada reduce costos de producción, comercialización y logística, lo que incrementa la eficiencia operativa de las empresas y mejora la competitividad del aparato productivo. Estos efectos se traducen, con el tiempo, en mayor generación de empleo formal y mejores condiciones de bienestar para los hogares.
Inversión pública como motor del crecimiento económico
Dentro de este marco, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar plantea un aumento relevante de la inversión pública. Para 2026, se prevé destinar 722,000 millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado en inversión física (960,000 millones de pesos), lo que equivale aproximadamente a 2% del PIB.
Con ello, la inversión pública total alcanzaría alrededor de 4.4% del PIB, nivel que representa un estímulo importante para detonar la inversión privada y fortalecer el crecimiento económico. El objetivo es mantener esta estrategia durante el periodo 2026-2030, con un monto de inversión pública y mixta estimado en 5.6 billones de pesos, dirigido a ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Participación privada y condiciones para detonar la inversión
En términos comparativos, este volumen de inversión es equivalente a la ejecución de múltiples proyectos de gran escala, lo que subraya su capacidad para transformar la infraestructura productiva del país. La participación del sector privado mediante esquemas de inversión mixta amplía el alcance de los recursos disponibles, fortalece la confianza de los inversionistas y contribuye a crear un entorno más propicio para la expansión del capital productivo.
Estimaciones del CEESP señalan que, para sostener un crecimiento económico cercano a 4.0% anual, la economía requiere una inversión total superior a 25% del PIB. En este sentido, el capital privado, que representa cerca del 90% de los recursos de inversión en el país, desempeña un papel central para elevar el ritmo de expansión económica.
De materializarse los objetivos planteados, indicó el CEESP, el mayor esfuerzo conjunto entre inversión pública y privada podría permitir que el crecimiento económico se ubique por arriba de 3%, con impactos positivos en el empleo formal, la productividad laboral y el bienestar de los hogares.
En este escenario, el fortalecimiento de la inversión en infraestructura puede actuar como un ancla de certidumbre y como un mecanismo contracíclico para estimular la actividad económica, mejorar las expectativas y crear condiciones más favorables para la recuperación sostenida del crecimiento, informó el organismo en su Análisis Ejecutivo febrero 2026.
Una estrategia de inversión robusta, acompañada de reglas claras, certidumbre jurídica y esquemas de colaboración público-privada, puede contribuir de manera relevante a mejorar el desempeño económico del país y a sentar bases más sólidas para el desarrollo de mediano y largo plazo.
