Lideres de asociaciones del sector automotriz mexicano esperan que las autoridades tributarias los tomen en cuenta para la creación de las reglas generales de comercio exterior que se aplicarán como parte del decreto publicado el miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para regularizar vehículos usados que fueron introducidos de manera ilegal al país.
“Esto nos abre la posibilidad de retomar la comunicación entre el sector automotor y el Gobierno de la República, concretamente con la Secretaría de Hacienda y el SAT [Servicio de Administración Tributaria], para poder participar y compartir nuestras propuestas”, externó Guillermo Rosales Zarate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante una conferencia de prensa en la que participaron además representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
Si bien los lideres celebraron que el decreto no contemple la regularización de unidades pesadas (mayor a cinco toneladas), sí reclamaron la falta de lineamientos estrictos que permitan el cumplimiento de las limitantes que el propio decreto establece.
Y es que el DOF advierte, entre otras limitantes, que no podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos que “se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal”.
Sin embargo, “…el propietario del vehículo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que el vehículo no ha estado relacionado con la comisión de un delito y que conoce las penas aplicables a quienes declaran con falsedad ante autoridades distintas a la judicial”.
José Zozaya Délano, presidente de la AMIA, consideró que la medida es poco rigurosa, pues bastará la palabra del propietario para acreditar que el automóvil en cuestión no ha sido usado en un acto criminal.
“Consideramos que esto afecta el respeto al estado de derecho, que es fundamental para la atracción de la inversión y para el crecimiento de las plantas productivas que tiene el sector automotriz en México”.
Son 10 entidades en las que el decreto entra en vigor, los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como en Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit.
IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Rosales Zarate recordó que la última iniciativa similar de regularización (2005-2009) provocó una caída del 40% en el mercado automotriz mexicano. Si bien consideró que el impacto será menor esta vez, ya que solo se consideran seis meses de plazo para regularizar vehículos (el decreto estará en vigor hasta el 20 de julio de 2022), cabe la posibilidad de que se pongan en regla más de los 2 millones de vehículos irregulares que el decreto estima.
Al respecto, Virginia Olalde López-Gavito, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos en la ANPACT, pidió a las autoridades que escuchen a los involucrados en la industria automotriz, pues esta impacta a 253 actividades económicas del país, 97% del total nacional.
Alberto Bustamante, director general de la INA, también ofreció cifras que dimensionan el peso de este sector en México.
Dijo que las asociaciones presentes representan casi el 4% del PIB nacional y el 18.9% del PIB manufacturero. Recordó además que el país es el quinto productor de autopartes, el séptimo productor de vehículos ligeros y el principal exportador de vehículos pesados en el mundo.
“Somos el principal pilar económico para México, incluso más que las divisas que envían nuestros paisanos, más que los ingresos del petróleo, más que las divisas por el turismo. Tenemos que poner especial énfasis en el sistema automotor, porque eso es lo que representa para la economía de México y para todas las familias que dependemos de él”, sostuvo.
