por Gabriel Chifflier, Hazardous & Hospital Waste Director - VEOLIA Iberia & Latam
Hay un riesgo que muchas empresas en México desconocen, o prefieren ignorar. En 2025, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la SEMARNAT registró 1,145 sitios en el país; un crecimiento de más del 20% en apenas cuatro años que, lejos de reflejar una crisis nueva, evidencia la acumulación silenciosa de décadas de actividad industrial sin los controles adecuados.
Y esos son solo los sitios identificados. El número real, advierten las estimaciones más conservadoras, es significativamente mayor.
El problema, más allá de ser ambiental, afecta el valor comercial del predio, expone a la empresa a responsabilidades legales y, en muchos casos, compromete la continuidad operativa. La paradoja es que la mayoría de las empresas afectadas no lo saben, porque el daño ocurre literalmente bajo la superficie, invisible hasta que ya es difícil y costoso de revertir.
En México, la responsabilidad ambiental está definida. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que toda empresa responsable de un sitio contaminado tiene la obligación de identificar y evaluar los contaminantes presentes, elaborar un plan de remediación aprobado por la SEMARNAT e implementar las acciones de limpieza bajo supervisión oficial.
Cumplir con este marco es solo la condición mínima para operar con responsabilidad ambiental en el país. Sin embargo, el primer obstáculo para muchas empresas es precisamente no saber qué hay debajo de sus instalaciones. Hasta hace relativamente poco, la única forma de saberlo implicaba perforaciones y excavaciones costosas que interrumpían operaciones y generaban sus propios impactos. Hoy, la geofísica avanzada cambió esa ecuación por completo.
Mediante drones, sensores, georradares y otras tecnologías no invasivas, es posible obtener una radiografía completa del subsuelo sin abrir el terreno. Estas herramientas detectan anomalías medioambientales —filtraciones, concentraciones de contaminantes, estructuras subterráneas— con alta confiabilidad y en cuestión de minutos.
El resultado confirma si existe contaminación, pero también determina con precisión dónde está y cuánto volumen total hay que tratar, información crítica para enfocar los recursos en soluciones a la medida.
Una vez identificado el problema, el proceso continúa con un muestreo representativo del suelo y su análisis en laboratorio para verificar si los niveles de contaminantes superan los límites establecidos por la normativa mexicana. Si los resultados exceden esos umbrales, se diseña e implementa un plan de remediación con tecnologías adaptadas a las condiciones específicas del sitio.
Los métodos disponibles son varios y complementarios. En la práctica, los proyectos más efectivos combinan técnicas como la extracción de vapores del suelo, el lavado y la estabilización físico-química, la biorremediación y la fitorremediación, eligiendo la combinación más adecuada según el tipo de contaminante, su profundidad y las características del entorno. Cuando la situación lo requiere, la excavación y el confinamiento controlado retiran el material afectado para su disposición segura en instalaciones autorizadas.
Todo el proceso requiere coordinación con autoridades ambientales, comunicación con las partes interesadas y monitoreo continuo hasta confirmar que el suelo cumple con los límites normativos. Contar con un aliado experto es lo que garantiza que cada fase se realice con rigor técnico, eficiencia y compromiso real con el entorno.
Más allá del cumplimiento normativo, las empresas que adoptan una gestión proactiva del suelo están tomando una decisión estratégica de largo plazo. Prevenir la contaminación, o intervenir a tiempo cuando ya existe, es económica y ambientalmente más rentable que ejecutar procesos de remediación tardíos sobre daños consolidados. Los terrenos remediados recuperan valor, pueden reincorporarse a la actividad productiva y permiten a la empresa demostrar ante reguladores, inversionistas y comunidades un compromiso real con su entorno.
En un contexto donde la Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer las políticas de remediación en México —y donde los criterios ASG pesan cada vez más en las decisiones de capital— saber que el suelo bajo tu operación está libre de pasivos es, literalmente, un activo.
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